Traslado de domicilio social

Sobre este asunto, es necesario tener en cuenta que la modificación del domicilio social de las sociedades mercantiles puede comportar asimismo cambios en el domicilio fiscal de la compañía, que de conformidad con el artículo 48 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, será el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria, el cual deberá fijarse para las personas jurídicas en su domicilio social siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. 

En todo caso, los interesados deberán tener en cuenta que el citado precepto tributario establece la obligación de que todos los obligados tributarios comuniquen el cambio de domicilio fiscal a la Administración tributaria, lo que se entiende que sucederá en la mayor parte de ocasiones en las que se modifique el domicilio social de las sociedades de capital.

Efectivamente, como particularidad a lo explicado hasta el momento, es necesario puntualizar que para el caso de que la sociedad desee trasladar su domicilio fuera del territorio español, ello será posible, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos y trámites que prevé a tal efecto la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

Así pues, en tal caso, este traslado fuera de la jurisdicción española será posible, siempre y cuando ello lo admita la normativa del Estado de destino (como no puede ser de otro modo), lo que a tal efecto determina que esa jurisdicción permite el mantenimiento de la personalidad jurídica de la sociedad.

Partiendo de esta base, los administradores de la sociedad que pretendan trasladar su domicilio al extranjero deberán redactar y suscribir un proyecto de traslado, el cual contendrá la siguiente información:

• La denominación y domicilio actual de la sociedad, así como los datos identificativos de inscripción en el Registro Mercantil.
• El nuevo domicilio social propuesto.
• Los estatutos que han de regir la sociedad después de su traslado, incluida, en su caso, la nueva denominación social.
• El calendario previsto para el traslado.
• Los derechos previstos para la protección de los socios, acreedores y trabajadores.

Redactado tal proyecto, los administradores deberán presentar en el Registro Mercantil, para su depósito, un ejemplar del proyecto de traslado, lo cual se comunicará al Registro Mercantil Central a los efectos del anuncio de su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Adicionalmente, los administradores también deberán elaborar un informe explicativo y justificativo del proyecto de traslado, tanto por lo que se refiere a sus aspectos jurídicos como económicos, como en relación con las consecuencias para sus socios, acreedores y trabajadores.

Cumplidos todos estos requisitos, es necesario saber que, en este caso, la competencia para la aprobación del traslado quedará en manos de la junta general de socios, la cual deberá estar debidamente convocada mediante un anuncio que deberá también publicarse en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Por último, hay que indicar que en caso de que se aprobare el traslado, los socios que hubieren votado en contra tendrán derecho a separarse de la sociedad (en los términos que establece la Ley de Sociedades de Capital) y que, asimismo, los acreedores que se consideren perjudicados por la decisión tendrán derecho a oponerse a la misma, en los términos que establece la ley en el caso de oposición a una fusión.

Para otorgar una escritura de cambio de domicilio social simplemente será necesario contactar con la oficina notarial (llamando al teléfono de la oficina notarial o en la dirección de email mercantil@jesusbenavides.es) y concertar una cita en el día y hora que más convenga a los otorgantes.

El día y hora acordados, los otorgantes simplemente deberán acudir a la oficina notarial provistos de la documentación necesaria (consultar apartado de documentación necesaria) para firmar la escritura correspondiente, la cual será redactada en base al contenido legal mínimamente exigible y a las previsiones y necesidades de los clientes en cuestión.

En cualquier caso, si los interesados necesitan ayuda en relación con los modelos de certificados de los que resulte la adopción de los acuerdos sociales necesarios para las modificaciones estatutarias que se traten, pueden contactar con la oficina notarial para obtener ayuda y asesoramiento al respecto.

De conformidad con el artículo 108 del Reglamento del Registro Mercantil, relativo a las personas facultadas para la elevación a instrumento público, la elevación a instrumento público de los acuerdos sociales adoptados por la Junta o Asamblea General o especial o por un órgano de administración colegiado, corresponde a la persona que tenga facultad para certificarlos, la cual, en virtud del artículo 109 del citado cuerpo normativo, corresponderá, en relación a las actas y acuerdos de los órganos colegiados de las sociedades mercantiles:

• En caso de que la sociedad esté regida por un consejo de administración, al secretario y, en su caso, al vicesecretario del órgano colegiado de administración, sea o no administrador. Las certificaciones se emitirán siempre con el visto bueno del presidente o, en su caso, del vicepresidente de dicho órgano.
• Al administrador único, o a cualquiera de los administradores solidarios, cuando la sociedad esté regida por esta modalidad de órgano de administración.
• A los administradores que tengan el poder de representación en el caso de administración conjunta o mancomunada.

En todos estos casos, será necesario que las personas que expidan la certificación tengan su cargo vigente en el momento de la expedición, puesto que para poder inscribir los acuerdos contenidos en la certificación deberá haberse inscrito, previa o simultáneamente, el cargo del certificante.

Y, en todo caso, como cuestión formal, será necesario tener en cuenta asimismo que no se podrán certificar acuerdos que no consten en actas aprobadas y firmadas o en acta notarial.

Por su parte, las decisiones del socio único, consignadas en acta bajo su firma o la de su representante, podrán ser ejecutadas y formalizadas por el propio socio o por los administradores de la sociedad.

También podrá realizarse por cualquiera de los miembros del órgano de administración con nombramiento vigente e inscrito en el Registro Mercantil, cuando hubieren sido expresamente facultados para ello en la escritura social o en la reunión en que se hayan adoptado los acuerdos.

Si el interesado lo desea, se le puede hacer entrega de la copia auténtica de la escritura el mismo día de la firma, pero en tal caso, deberá ser él quien acuda al Registro Mercantil a gestionar su inscripción, pues este es un trámite necesario para que la modificación acordada pueda desplegar todos sus efectos.

Por supuesto, si ello se desea así, es posible encomendar esta gestión a la propia oficina notarial, la cual remitirá telemáticamente la escritura al Registro Mercantil a los efectos de obtener su inscripción.

Una vez ello ya se haya producido, se hará entrega de la copia auténtica de la escritura a sus otorgantes, en la que consten ya los datos de inscripción de la misma, lo que será mucho más útil, pues a partir de ese momento el documento podrá desplegar todos sus efectos.